Por Juan Carlos Luna
Hace algunos días en la red social X una persona que no conozco me pregunto por qué no estoy de acuerdo con la Ley de competencia. Su forma y su modo, para empezar, me parecieron muy cordiales, atentos y educados —especialmente para este tipo de redes en las que es muy fácil despotricar con toda una andanada de insultos antes de articular un comentario razonado—. Le respondí que un tweet era un espacio muy pequeño para explicarlo, por lo que le ofrecí hacerlo en este artículo.
Son varias las razones por las que no estoy de acuerdo con la Ley de competencia, a la cual suelo llamar “ley de incompetencia”, dado que ese será su único y verdadero resultado.
Para empezar, la gran mayoría de guatemaltecos no tenemos ni idea de lo que se pretende aprobar —y no solo me refiero al guatemalteco común, sino también a los empresarios—, dado que hay más de tres proyectos de “ley de competencia” en el Congreso. El diputado Adim Maldonado, en la misma red social X, compartió el proyecto de ley que se conocería con el nombre de dicha ley, sin embargo sigue sin haber certeza de ello, por lo que para fines de este artículo, me referiré a ella como la iniciativa de Ley número 5074.
La primera razón y la más obvia es que con esta nueva ley se pretende crear una Superintendencia de Competencia, lo cual quiere decir que habrá más burocracia en el Estado y, por lo tanto, más corrupción: esta superintendencia nos costará el primer año Q20 millones de quetzales, solo para organizar y poner en marcha la superintendencia.
Para organizar posteriormente esta oficina deberá contar con un presupuesto asignado por el gobierno central, lo que quiere decir que habrá que pagar más impuestos para mantener esa burocracia porque, obviamente, ninguna dependencia del Estado será sacrificada en sus recursos propios para financiar esta nueva dependencia; o sea que la fórmula es: más burocracia y más dinero es igual a más impuestos para la población y más corrupción en las arcas del Estado. La ecuación es simple y siempre dará el mismo resultado.
La segunda razón es que un grupo de personas decidirá a sabor y antojo qué es una “práctica anticompetitiva”, quedando el empresario a la merced de ser juzgado por un juez que al mismo tiempo es parte acusadora; algo de por sí al mejor estilo de la Inquisición: ser juzgado y condenado por la misma institución.
Esta superintendencia, en sus funciones omniscientes y omnisapientes, podrá determinar sanciones con base al “daño causado”… Me pregunto: ¿a quién? Y los efectos sobre terceros, ¿cómo sabrán cuáles fueron? ¿Cómo los determinarán?
Así también, la superintendencia dará permiso especial para que un agente económico (o sea, cualquier persona) pueda utilizar una determinada materia prima. Ya sabemos el resultado: el amigo, o el que pague más, tendrá derecho por ley a utilizar una materia prima que, sin la ley, sería accesible para cualquiera que la quisiera comprar; pero con la ley ya no será de libre comercialización, lo cual hará más caro un producto determinado y se creará —y otra vez más: por ley— un monopolio estatal. Vaya brillante solución.
Esa es una pequeña parte relacionada a la ley, pero en materia económica tendrá otros efectos, ya que definitivamente se crearán externalidades (costos) que los empresarios no estarán dispuestos a asumir o, mejor dicho, el mercado: los clientes, las personas. Nadie querrá ni podrá asumir esos gastos que saldrán muy caros como resultado de la ley.
Una de las principales situaciones que pretende asegurar la ley es la formación de carteles… ¿que si ya los hay? Claro que los hay, pero en una economía libre los precios de un cartel no duran por mucho tiempo porque siempre habrá alguien dentro del mismo cartel que deseará salir para tener mayor participación en el mercado u ofrecer mejores precios que los que se han ofrecido dentro del cartel del que se está saliendo. Un ejemplo de esto es el país Qatar, que en 2019 confirmó su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo cual demuestra que los carteles dentro de una economía de libre mercado no funcionan y tarde o temprano se terminan desmoronando; y ojo: estamos hablando nada más y nada menos que de petróleo; y no de pollo, cemento, gaseosas o cerveza, ¡por favor!
Aquí apenas expuse algunos pequeños ejemplos, posiblemente algo complejos de comprender, pero si este fuera el caso, entonces les lanzo una simple pregunta: ¿qué organismo del Estado hace su trabajo o cumple su función medianamente bien? Al tener el lector una respuesta, sabrá entonces lo que significará tener una “Ley de competencia” con toda la burocracia y corrupción que arrastrará consigo.
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