El camino hacia la Repúbica empieza con el Imperio de la Ley y la separación de Poderes

Dentro de los principios del liberalismo clásico y dentro del Constitucionalismo, la legitimidad de una República no descansa en las buenas intenciones de sus gobernantes, sino en la rigidez de los límites en el ejercicio al poder. La reciente controversia sobre el informe relativo a ciudadanos en el extranjero que invocan persecución política, junto con la propuesta del Ejecutivo de articular mecanismos para su retorno, plantea un desafío directo a los pilares del Estado de Derecho, la Supremacía Constitucional y la separación de poderes.

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo 204 el principio de Supremacía Constitucional, que obliga a los tribunales a preservar la preeminencia de la Constitución sobre cualquier ley o disposición. Sobre esa base, el artículo 141 consagra el principio de División de funciones entre los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y prohíbe expresamente su subordinación mutua. Tal como lo formuló Montesquieu, el Poder Ejecutivo carece de facultades jurisdiccionales, no le compete calificar la validez de procesos penales en curso ni subrogar las funciones del Organismo Judicial, y toda interferencia dirigida a alterar la situación de personas con órdenes de aprehensión vigentes constituye una injerencia ilegal. John Locke por su parte, advirtió en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Donde termina la ley, empieza la tiranía, y eso ya lo vimos con la CICIG.

La administración de justicia goza de un blindaje. El artículo 203 confiere con exclusividad al Organismo Judicial la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, y determina que los Magistrados y Jueces están sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes; de ahí nace el deber de resolver con estricta objetividad.

Parafraseando a Ayn Rand, quien sostenía que, introducir el favoritismo político en el sistema legal – a favor del Ejecutivo o de cualquier ciudadano, sin importar su cargo pasado o su ideología- despoja al derecho de su carácter imparcial.

La creación de todo un andamiaje jurídico y normativo establece deberes a los ciudadanos, pero especialmente a los funcionarios. Frente a acusaciones formales, la conducta republicana exige la comparecencia voluntaria ante los jueces competentes, evadir el proceso bajo la narrativa de un supuesto exilio autoimpuesto erosiona la institucionalidad que se dice defender, pues el debido proceso se ejerce dentro del marco procesal, con las garantías constitucionales disponibles, y no mediante la búsqueda de privilegios políticos externos. En sentido inverso, el artículo 5 constitucional garantiza que nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley, precepto reforzado por el artículo 156, que exime a todo funcionario de cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Ni los operadores de justicia deben ceder a presiones del Ejecutivo, ni los ciudadanos en el extranjero pueden exigir prerrogativas al margen de los tribunales.

La solución a las deficiencias del sistema de justicia guatemalteco no radica en el desacato ni en la injerencia del Ejecutivo, sino en el fortalecimiento institucional, el Estado debe garantizar un respeto riguroso al debido proceso para todos por igual, sin interferir en las resoluciones de los tribunales. Solo sometiéndose incondicionalmente al imperio de la ley, gobernantes y gobernados podremos construir una verdadera República de hombres libres y responsables. Y ese anhelo jamás se conseguirá transgrediendo las leyes.