De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno

Juan Carlos Luna

01/08/2026

El problema de la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- no radica en el objetivo declarado. Reducir la carga tributaria sobre la vivienda puede ser una medida legítima e incluso deseable desde una perspectiva netamente austriaca (por los principios económicos de la escuela). El problema es otro: las razones que la motivan. Esta iniciativa no parece responder a una política pública seria ni a una reforma estructural del sistema tributario, sino al intento de generar un efecto populista de cara a las elecciones generales del próximo año, y ojo, no se malinterprete mi comentario, yo personalmente estoy completamente de acuerdo en que se elimine el IUSI. Y en política, las motivaciones importan. Cuando las decisiones se toman para ganar votos o cobrar favores y no para resolver problemas, los resultados suelen ser más perjudiciales que beneficiosos.

Creditos TN 23 (video)

Desde una visión clásica, el Estado debe limitarse a proteger la vida, la libertad y la propiedad. Los impuestos son un mal necesario que deben responder a criterios de simplicidad, certeza y mínima interferencia en la actividad económica. Bajo esa lógica, reducir o incluso eliminar el IUSI sobre la vivienda podría ser defendible, pero únicamente como parte de una reforma integral que reduzca el tamaño del Estado y el gasto público. Lo que resulta contradictorio es disminuir un impuesto mientras se mantiene intacto el nivel de gasto en un aparato administrativo por demás ampliamente demostrado como ineficiente.

La Escuela Austriaca de Economía ha explicado durante más de un siglo que las políticas diseñadas para producir efectos políticos inmediatos terminan generando consecuencias no previstas -externalidades-. El conocimiento está disperso y los incentivos importan. Si el Estado elimina el impuesto para toda vivienda, sin distinguir entre una casa modesta y una mansión de varios millones de quetzales, introduce nuevas distorsiones, incentiva la reclasificación artificial de inmuebles y crea incertidumbre jurídica sobre conceptos ambiguos como “uso mixto” o “vivienda”. En lugar de fortalecer el mercado, lo vuelve más dependiente de decisiones políticas “bien intencionadas”.

Desde una visión muy objetiva, el problema es aún más profundo, ya que el gobierno debe actuar conforme a principios, no a emociones ni a la búsqueda de aprobación popular. Una política pública no puede evaluarse únicamente por el beneficio inmediato que promete, sino por el respeto que demuestra hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa irrestricta de los Derechos fundamentales de los individuos. Cuando las leyes se utilizan como instrumentos de propaganda electoral, dejan de ser normas generales para convertirse en herramientas de manipulación política.

Paradójicamente, la propia reforma reconoce que las municipalidades perderán una fuente importante de ingresos y por ello intenta compensarlas con recursos provenientes del Impuesto de Timbres Fiscales (lo que de por sí ya crea otro problema legal y obliga a reformar otras leyes). No elimina la carga fiscal; simplemente la traslada y la hace depender de la dinámica del mercado inmobiliario, una fuente naturalmente variable e incierta. No se resuelve el problema de raíz, únicamente lo traslada.

Guatemala necesita una reforma tributaria auténtica, basada en principios legales y económicos serios, menos impuestos, menos gasto, mayor seguridad jurídica y reglas iguales y claras para todos. Lo que no necesita son medidas coyunturales diseñadas para producir aplausos durante una campaña. Porque cuando el populismo sustituye a los principios, el costo termina pagándolo toda la sociedad. La historia demuestra que las políticas inspiradas en el cálculo político casi nunca fortalecen la libertad; por el contrario, suelen debilitar las instituciones que hacen posible una sociedad verdaderamente libre y próspera.